En el se recogen las consecuencias de llevar a cabo la pretensión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de hacer pública una orden por la que se varían los criterios de elaboración de las listas de reserva de interinos.
Esto ha indignado a los 10 sindicatos de Enseñanza de Canarias y, lógicamente, al personal docente afectado.




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